Panamá toma medidas para responder a represalias comerciales
Por Ojo Global Noticias
Redacción
Ciudad de Panamá.- El legislativo aprobó una nueva norma que permitirá a Panamá imponer con más facilidad medidas de represalias contra países que incluyan a la nación centroamericana en listas negras o que tomen acciones comerciales que considere discriminatorias.
Se trata de una medida que deja sin efecto una ley de retorsión que data del 2002 y que según el gobierno del presidente Juan Carlos Varela contenía trabas burocráticas que dificultaban su aplicación.
«Lo que estamos haciendo es hacer la ley más ágil», explicó Ricardo Zubieta, asesor del ministerio de Economía y Finanzas. «La ley crea un mecanismo para que el Estado pueda determinar cuáles son las medidas que se aplicarían, cuándo lo crea conveniente aplicar, y tiene un menú de opciones a elegir».
Entre las medidas de represalias que establece la nueva legislación figuran el incremento de aranceles, acciones migratorias y laborales contra los nacionales de los países que —según las autoridades— discriminen a Panamá. Además, incluye medidas de restricción o suspensión del movimiento en el transporte terrestre aéreo y marítimo de carga y de pasajeros.
La aprobación de la norma se da en momentos en que el gobierno de Varela hace esfuerzos por contrarrestar los cuestionamientos sobre transparencia en su plataforma de servicios financieros y tras medidas como las de Francia de restituir a Panamá en una lista de naciones con paraísos fiscales o que permite la evasión de impuestos.
Francia tomó esa acción luego de la masiva filtración de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca en abril y que arrojó luz sobre cuentas de personas acaudaladas, entre ellos a jefes de Estado, en paraísos fiscales de ultramar.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuestionó la transparencia de la nación centroamericana tras la filtración de los llamados papeles de Panamá.
La medida legislativa, pendiente a la sanción presidencial, también tiene lugar en momentos de una prolongada disputa comerciales Panamá y Colombia, a raíz de la decisión del vecino país de aplicar elevados aranceles a las importaciones de textiles y calzados provenientes de la zona libre de Colón, en el Caribe panameño.
Colombia mantiene esos aranceles pese a pronunciamientos de la Organización Mundial de Comercio que favorecen a Panamá.
El gobierno de Varela argumenta, empero, que la norma no está dirigida a ningún país en particular, aunque sostiene que es un instrumento que estará disponible para cuando el país lo considere aplicar.
