Venezuela con escaso margen para adaptar la legislación de Mercosur
Caracas tiene unas 400 resoluciones del bloque que debe incorporar, y una centenar de ellas choca con el marco jurídico del país
Por Frank López Ballesteros
Ojo Global Noticias
La salida de Venezuela del Mercosur luce inminente, al menos por el factor tiempo. En 90 días el gobierno del presidente Nicolás Maduro deberá adaptar a la legislación del país casi un total de 400 resoluciones del bloque económico regional sino quiere volver a su condición de Estado Asociado.
La decisión anunciada este miércoles por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay de fijar el 1 de diciembre como fecha límite para que el país caribeño cumpla los requisitos para ser considerado miembro pleno acrecentó la tensión, tomando en cuenta que Venezuela ostentaba la presidencia protempore del Mercosur.
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“Hasta hace poco tenían casi 400 resoluciones que Venezuela no había incorporado, ahora ellos señalan que no pueden cumplir 120 de esas decisiones porque van en contra de su sistema legal interno, por lo tanto no ha completado los requisitos de adhesión”, reveló a una radio el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga.
Esa ecuación deja casi 280 resoluciones por fuera de la legislación venezolana, con lo que el país no estaría en capacidad de responder a las exigencias políticas, económicas y sociales que impone el bloque.
Mercosur quiere que “todas” las normas vigentes en el Mercosur Venezuela las incorpore a su acervo jurídico, algo casi imposible tomando en cuenta el lapso de tiempo impuesto, hasta el 1 de diciembre, y que existen disposiciones de carácter orgánico que deben ser aprobadas por la Asamblea Nacional, con la cual Maduro está enfrentada.
Desde reformas a la Ley de Extranjería, para permitir la libre circulación de nacionales de los países miembros; la Ley de Impuestos al Valor Agregado para la materia impositiva; la Ley del Trabajo para autorizar el ejercicio de la profesión de los ciudadanos de los países miembros, a la legislación sobre el control de cambio, los ajustes jurídicos son complejos.
La Asamblea Nacional, bajo poder del chavismo en 2012, aprobó en septiembre de ese año un acuerdo de respaldo pleno a la adhesión de Venezuela al Mercosur, pero a partir de entonces no se esforzó en exigir el cumplimiento del Protocolo de Adhesión.
«De forma técnica es imposible adaptar estas normas de Mercosur para diciembre. Habría que desmontar prácticamente todo el marco jurídico que construyó el Gobierno. En la Cancillería hay profundo desconocimiento de la operatividad del bloque. Tanto así, que mientras Mercosur exige libre circulación de mercancías hay una ley de control de precios en Venezuela que regula hasta las rutas para la venta de alimentos», comentaba una fuente de la Cancillería venezolana bajo condición de anonimato.
Lo complejo
Entre las normas aún no ratificadas por Caracas, la cancillería brasileña citó el Acuerdo de Complementación Económica nº 18, sobre la libre circulación de bienes, el Protocolo de Promoción y Protección de Derechos Humanos y el Acuerdo sobre Residencia de Nacionales de los Estados Partes del Mercosur.
El principio de esta crisis comenzó, incluso, por la forma en que se dio el ingreso de Venezuela al Mercosur. Ocurrió por la puerta trasera gracias a la crisis ocurrida en Paraguay en 2012, que provocó la destitución del presidente Fernando Lugo y la suspensión de ese país del Acuerdo del Mercado Común del Sur.
El presidente Hugo Chávez, en una alianza con los otros integrantes del Mercosur, aprovecharon para validar la entrada de Venezuela que era vetada por el Senado paraguayo.
En el pasado “el gobierno de Venezuela reiteradamente señaló su oposición a las políticas de mercado y a la liberalización comercial, razón por la cual su actuación internacional se ha caracterizado por satanizar a la globalización…lo anterior en contraposición de los propios principios que dieron origen a la creación del bloque del Sur”, advertía el embajador venezolano Oscar Hernández Bernalette en un análisis del caso.
La estrategia
Se desconoce si para el 1 de diciembre Venezuela no ha cumplido con las exigencias, será suspendida definitivamente, aunque los comentarios de funcionarios de la región asoman esta posibilidad.
Los cancilleres de Argentina y Paraguay sí especificaron este martes que se le ha otorgado a Venezuela un “plazo complementario” para que cumpla con “las obligaciones asumidas en su Protocolo de Adhesión”. Caracas tuvo cuatro años para haber adaptado las normas, pero lo hizo escuetamente.
Con un control de cambio que tiene 12 años, las importaciones y exportaciones bajo control del Estado, y la entrega de divisas a discreción del Gobierno, la legislación venezolana es antinatural al objetivo del Mercosur, con lo que la revolución bolivariana tiene sus días contados en la que Chávez llamó “la alianza perfecta”.
Esta medida tiene un alto costo político para Maduro y lo que representa la llamada «diplomacia bolivariana», tomando en cuenta que todos los países de la alianza han pedido la celebración del referendo revocatorio este año.
