Temen «umbral de impunidad» en el acuerdo con las FARC
Por Frank López Ballesteros
Ojo Global Noticias
Las voces más críticas a las negociaciones de paz en Colombia comienzan a hacerse sentir, y en lo que coinciden todas es que el acuerdo alcanzado entre la guerrilla de las FARC y el gobierno colombiano es un «premio a la impunidad» por los crímenes cometidos durante las últimas dos décadas del conflicto armado.
El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), jefe de la oposición en Colombia y duro crítico de las negociación, dijo el viernes que «el gobierno ha utilizado este proceso para estimular el descrédito de nuestra democracia ante propios y ante la comunidad internacional».
“Muchos colombianos nos opondremos al plebiscito e insistiremos en una paz estable, sin riesgo para las libertades”, advirtió el exmandatario.
“Nada justifica permitir la elección de Timochenko al Senado o a la Presidencia, o de Joaquín Gómez a la Gobernación de la Guajira. Nuestra democracia les dio todas las oportunidades y prefirieron seguir con el asesinato”, dijo Uribe en referencia a los líderes guerrilleros.
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“Este proceso convierte a la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en grupo paramilitar, socio del Estado para combatir a otros delincuentes”, criticó.
El miércoles, en La Habana, delegados del gobierno de Santos y de las FARC firmaron un histórico acuerdo para poner fin a más de cinco décadas de una guerra interna que dejó más de 200.000 muertos. La víspera el jefe de Estado anunció el cese del fuego definitivo con las FARC.
La consulta para refrendar lo negociado está programada para el 2 de octubre y necesitará 4,5 millones de votos de los casi 35 millones de colombianos que están aptos para sufragar para tener validez.
Las víctimas con nombre
Más de seis millones de colombianos han sido víctimas del conflicto armado, la mayoría desplazados del campo por la acción de los guerrilleros y de las bandas paramilitares, de acuerdo a un informe oficial que difundió el Gobierno al inicio de las conversaciones.
Al menos 220.000 personas fueron asesinadas entre 1958 y 2012, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Un informe del mismo organismo estatal dio cuenta de que entre 1970 y 2010 casi 40.000 personas fueron secuestradas y que 33% de esos plagios fueron cometidos por las FARC. Unos 20.000 colombianos han sido víctimas de desaparición forzada, resaltaba la agencia AP.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch advirtió que “hay un esfuerzo por proteger a los altos mandos, tanto generales como guerrilleros, de asumir responsabilidades por los delitos cometidos”.
Desde el punto de vista de justicia, “y me refiero al caso de las víctimas, la negociación está fundada en la impunidad de aquellos que a pesar de ser criminales de guerra o hayan cometido crímenes de lesa humanidad, confiesen sus crímenes no van a pasar ni un día en prisión”, criticó Vivanco en una entrevista con CNN en Español.
A su juicio, los guerrilleros “serán objeto de unas restricciones bastante modestas y ambulatorias con la obligación de hacer proyectos de ayuda a la comunidad”.
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“Esto resulta muy grotesco”, sentencio Vivanco en referencia al tema de la justicia, para quien se está dando una desproporción entre el delito cometido y la pena a pagar.
Movilización en camino
La guerrilla de las FARC ya están movilizándose hacia las zonas de concentración en las que permanecerán antes de regresar a la vida civil.
«El fin del conflicto es ya una realidad: las FARC están saliendo de las zonas donde históricamente estaban y se están moviendo hacia las zonas veredales (rurales)», explicó el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo desde La Habana, sede de las conversaciones de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y esa guerrilla desde noviembre de 2012.
En tanto, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas indicó que los rebeldes se concentrarán durante seis meses en 22 zonas rurales y ocho campamentos diseminados por todo el país.
Villegas indicó que 16.500 militares y policías garantizarán la seguridad de los miembros de las FARC en su desplazamiento hacia las 28 zonas de concentración.
El ministro calculó en 6.000 los integrantes de esa guerrilla en armas, aunque advirtió que a otros 8.000 se los considera milicianos o colaboradores.
Según Jaramillo lo más probable es que antes de entrar en esas zonas los integrantes de las FARC esperen el resultado de un plebiscito en el que los colombianos dirán en las urnas si están de acuerdo o no con el acuerdo entre el Ejecutivo y esa guerrilla.
Guardia en alto
El ministro Villegas también dijo que las fuerzas armadas continuarán sus acciones contra grupos criminales cuando entre en vigor el cese bilateral y definitivo del fuego con las FARC el 29 de agosto.
A partir del lunes «estamos en cese al fuego del conflicto (con las FARC), pero no en un cese de persecución al delito… La fuerza pública sigue manteniendo su deber constitucional de perseguir el delito, cualquiera sea su autor», explicó Villegas desde la sede del ministerio.
El monitoreo del cese del fuego estará a cargo de comisiones integradas por delegados de la ONU, el gobierno y las FARC.
La razón del cese el fuego que el presidente adelantó tiene razones clave. Al cumplirse 13 meses desde que las FARC decretaron su cese al fuego unilateral, Santos da un paso adelante pensando en la logística y la seguridad que requerirá la Décima Conferencia Nacional que realizarán las FARC –prevista para los primeros días de septiembre-. Un encuentro que congregará cientos de guerrilleros y donde se pondría fin a la organización armada para darle paso al grupo político, recordaba la revista Semana.
