El Poder Judicial se alista para revocar la inmunidad a parlamentarios venezolanos
Frank López Ballesteros
Ojo Global Noticias
La plana mayor del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano trabaja desde junio en una sentencia que busca responder sobre la posibilidad de suprimir la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional, una advertencia que el presidente Nicolás Maduro lanzó recientemente, y que apunta a debilitar a la mayoría opositora que controla el poder legislativo.
Desde el 11 de julio está trabajando el TSJ en la sentencia, tras designar ese día como ponente del caso a la presidente del Poder Judicial y de la Sala Constitucional, Gladys Gutiérrez, según la Cuenta N° 124 de la Sala Constitucional, citada por el diario El Nacional.
De esta forma Maduro lleva adelante su advertencia proferida en septiembre pasado, cuando en una concentración advirtió que presentaría un decreto para revocar la inmunidad de todos los funcionarios públicos, sobre todo apuntando a los parlamentarios, en el marco del Decreto de Emergencia Económica.
La petición sobre la inmunidad fue efectuada el 7 de junio por un grupo de seguidores del oficialismo que emplazó al TSJ a «precisar cuál de los dos supuestos establecidos en el artículo 200 de la Constitución de Venezuela es aplicable a un parlamentario si es sorprendido en flagrancia cometiendo un delito de cualquier tipo», citaba el diario.
Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, en 1999, el TSJ nunca ha dictado una sentencia en contra del gobierno, por lo que temen que de una manera u otra el punto sobre la inmunidad sea cuestión de tiempo.
A fondo
En concreto el artículo 200 de la Constitución, que garantiza un fuero a los miembros de la Asamblea Nacional para que puedan ejercer sus funciones, ha sido una traba para Maduro y dirigentes del oficialismo que buscan limitar o acabar con la mayoría opositora en el Parlamento.
El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos Allup, señaló este jueves desde su twitter que «el TSJ tiene planeado emitir una sentencia para eliminar la inmunidad». En anteriores oportunidades el diputado dijo que este tipo de maniobras no va a evitar que la oposición busque la salida de Maduro por un referendo este año.
Ahora salainconstitucionaltsj asesorada hermann escarrá e ildegard rondón de sansó prepara sentencia eliminar inmunidad parlamentaria.
— Henry Ramos Allup (@hramosallup) September 29, 2016
La única manera de levantar la inmunidad de los parlamentarios es a través de la propia Asamblea Nacional, que la autorice, tal como lo contempla la Carta Magna. En las últimas semanas varios diputados opositores han sido demandados por emitir opiniones, con lo que apuntan a que el Gobierno anida el terreno para, revocada la inmunidad, enfrenten procesos judiciales y sean separados de sus cargos.
Precedentes
El jefe de la bancada opositora en la Asamblea Nacional, Julio Borges, fue denunciado el 10 de septiembre por «ultraje» a las mujeres, después de exigir a las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) que trabajen en función de un referéndum contra Maduro.
Borges fue denunciado en la Fiscalía General nada menos que por la defensora de los Derechos de la Mujer de Venezuela, María Hernández Royett, quien presentó un recurso por «ultraje» en sus declaraciones sobre las rectoras del CNE.
Otro que también fue acusado es Ramos Allup Requena por la propia titular del ministerio de la Mujer, Gladys Requena, quien acudió al TSJ para que levante la inmunidad parlamentaria por el supuesto delito de misoginia.
«Allanar la inmunidad parlamentaria de un diputado no es un asunto de poca importancia, en primer lugar, porque se trata de un cargo de elección popular, y en segundo lugar, porque la razón de ser de dicha prerrogativa no es defender a la persona que funge como legislador, sino proteger el ejercicio libre e independiente de sus funciones parlamentarias», explicaba en un escrito la abogada venezolana Liliana Fasciani, publicado en el diario El Universal.
El procedimiento exige «que antes de llevar a juicio a un diputado, se cumpla con el requisito previo contemplado en el ordinal 20 del artículo 187 de la Constitución: «La separación temporal de un diputado o diputada sólo podrá acordarse por el voto de las dos terceras partes de los diputados y las diputadas presentes», acotaba la experta.
Asfixia política
La bancada opositora denunció esta semana que el Gobierno mantiene un cerco a las actividades legislativas, al punto que los diputados y sus asesores no cobran sus salarios desde hace un mes, con lo que se busca asfixia total.
«La inmunidad parlamentaria es garantía de la separación de poderes, pues permite la independencia del Poder legislativo frente a los caprichos o directrices del Poder Ejecutivo», advertía el Pablo Aure, jefe de las cátedras de Principios de Derecho Público, Derecho Procesal Penal, de la Universidad de Carabobo, de Venezuela.
Para el académico venezolano, el riesgo de que se levante el fuero de los parlamentarios, sobre todo los de oposición, es que pueden quedar a merced de demandas fraudulentas y ser enjuiciados por delitos que no cometieron, tomando en cuenta el control de los poderes públicos por parte del oficialismo.
«Lo que nos puede preocupar en esta Venezuela cuyos cuerpos policiales atentan constantemente contra las libertades políticas y obedecen ordenes violatorias a los derechos humanos, y no se les agua el ojo para inventar o simular hechos punibles, es que fantaseen hechos considerados como delitos y se los atribuyan a algún diputado como autor de los mismos», explicaba el académico en un artículo de opinión.
Dada «la anarquía y la ausencia de estado de derecho (en Venezuela) no es de extrañar que se fabrique un supuesto delito contra algún diputado y se argumente que fue sorprendido de manera flagrante y en ese caso se ordene su detención domiciliaria», escribió Aure.
