El Gobierno no reconoce ninguna decisión de la Asamblea Nacional, y mientras el Tribunal Supremo considera nulo cualquier acto emanado por ese poder, la oposición está cada vez más diezmada
Frank López Ballesteros
Ojo Global Noticias
Redacción.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dictaminó este martes, en la noche, que el presidente del país, Nicolás Maduro, presente el presupuesto de 2017 ante la Sala Constitucional debido al «desacato» que la Asamblea Nacional (AN) mantiene ante las sentencias del máximo órgano judicial, con lo que el Gobierno logra aislar cada vez más a la oposición.
El TSJ, controlado por el oficialismo, sentenció que la medida se toma por «la imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del presupuesto nacional», el deber «de honrar los postulados de separación y equilibrio» de poderes y «con el propósito de mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional».
Más allá de los formalismos esgrimidos por el Judicial, Maduro está haciendo uso al máximo del Decreto de Emergencia Económica, dictado a mitad de año, con el que busca apalear la aguda crisis que afecta las finanzas del país, a la vez que resta poder a la AN, que desde enero cuenta con una mayoría opositora.
Con una Asamblea Nacional donde sus diputados tienen más voz en el extranjero y poco efecto jurídico dentro del país con las decisiones que toman, técnicamente Maduro termina por desconocer el legislativo y deja en el Tribunal Supremo esta función.
Desde hace dos meses los diputados no reciben su sueldo, una medida con la que Maduro apunta a asfixiar económicamente a los dirigentes opositores.
La decisión del TSJ se debió «al desacato que voluntariamente mantiene un grupo mayoritario de diputados que actualmente integran la Asamblea Nacional (AN), respecto de sentencias del TSJ y de la Constitución», además del estado de excepción y emergencia económica vigente en el país.
El Supremo indica además que el decreto de presupuesto «estará sujeto al control de la Sala Constitucional» del alto tribunal, «sin perjuicio de las atribuciones inherentes al Poder Ciudadano y a la contraloría social en esta materia», recordaba la agencia Efe.
Más allá de la ley, la trampa
La Constitución de Venezuela establece que el Ejecutivo Nacional deberá presentar a la Asamblea Nacional el presupuesto general de la nación para ser discutido y aprobado. Los artículos 312 y 313 refiere que es competencia exclusiva del Parlamento la función de aprobación del endeudamiento, pero ahora serán los jueces del TSJ quienes tendrán esta función.
La AN fue declarada en desacato por el Supremo por no cumplir sus sentencias en relación con el nombramiento de tres diputados opositores del estado Amazonas, una guerra de poderes que mantiene enfrentado a ambos organismos.
Hasta el momento los líderes de la oposición están encerrados en el debate del referendo revocatorio contra Maduro, que aspiran a celebrar este año, aunque la lentitud y trabas del Consejo Nacional Electoral (CNE) no permiten augurar un final positivo.
El diputado Henry Ramos Allup, presidente de la AN catalogó de «actitud hamponil» la sentencia del TSJ, pero más allá de proclamas críticas, la oposición no ha tomado medidas radicales para frenar la embestida cada vez más fuerte de Maduro.
salainconstitucionaltsj fiel a su actitud hamponil publica sentencia a media noche y decide régimen envíe proyecto presupuesto 2017 a tsj.
— Henry Ramos Allup (@hramosallup) October 12, 2016
Por su parte, el diputado por el oficialista Gran Polo Patriótico (GPP), Pedro Carreño, afirmó este miércoles que la “inexistencia del Parlamento no afectará la gestión del Gobierno Nacional», unas palabras que muestran que el Ejecutivo está dispuesto a avanzar en sus planes sin que la AN se vea ya como obstáculo.
Carreño advirtió que “mientras los actos de la AN estén nulos, la Sala Constitucional del TSJ adquiere sus atribuciones”.
Calle y más calle
Con la esperanza de conseguir una masiva participación, opositores venezolanos se movilizaban el miércoles para mantener la presión en las calles y organizar a la población con miras a la próxima recolección de firmas destinadas a activar un referendo para recortar el mandato de Maduro.
La ciudadanía fue convocada a reunirse en todo el país en las cercanías de los 1.356 centros dispuestos por el organismo electoral para la recolecta de las firmas fijada por las autoridades del 26 al 28 de octubre, reportó AP.
Los organizadores esperan que las personas ya conozcan donde deberían acudir a firmar esos días y se inscriban como voluntarios para ayudar en la logística durante la recolecta de las rúbricas, para lo cual se distribuirá en esta jornada material impreso con información e instrucciones.
«Allá donde sea posible tenemos que preparar a nuestro pueblo para llevar adelante el referendo», dijo a AP el secretario general de la coalición, Jesús Torrealba, quien indicó que la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a una treintena de partidos y organizaciones.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), que es controlado por el oficialismo, estableció un plazo del 26 al 28 de octubre para recolectar las firmas del 20% de los electores que se requieren para activar el referendo. Sin embargo, enfatizó que si tienen éxito, el referendo no se celebraría hasta el año que viene.
Twitter: @Franchuterias
