La persecución a los opositores en Venezuela
Ojo Global Noticias/AP
Redacción
Caracas, Venezuela — El diputado opositor Timoteo Zambrano anunció el viernes la liberación de un integrante del partido opositor Voluntad Popular detenido en junio cuando se disponía a colaborar con las jornadas de validación de firmas para solicitar la activación de un referendo revocatorio para recortar el mandato del presidente Nicolás Maduro.
Zambrano confirmó la liberación de Gabriel San Miguel, quien junto con Francisco Márquez fue arrestado el 19 de junio pasado en el estado central de Cojedes por guardias nacionales luego que les fueron incautados 2.900.000 bolívares (unos 4.777 dólares) y paquetes de panfletos, que según la Fiscalía General «no pudieron justificar».
El incidente fue cuestionado por la organización Human Rights Watch que expresó profunda preocupación por las detenciones.
«Liberado Gabriel Sanmiguel (sic) Gabo. Muy buena noticia es de agradecer el interés del Presidente Zapatero», escribió Zambrano a través de su cuenta en Twitter. Zambrano, integrante de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, no ofreció detalles sobre el proceso judicial ni mencionó bajo qué condiciones se acordó la liberación de San Miguel, que tiene la doble nacionalidad española y venezolana.
La fiscalía indicó entonces que Márquez, de 30 años, y San Miguel, de 24, fueron imputados de los delitos de «legitimación de capitales» e «instigación pública». Los dos activistas políticos fueron trasladados a una cárcel del centro del país.
Por iniciativa de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), los ex presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España; Martín Torrijos, de Panamá; y Leonel Fernández, de República Dominicana, promueven desde marzo un proceso de diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Se desconoce si Rodríguez Zapatero jugó un papel clave en la liberación de San Miguel.
En tanto, no quedó claro si Márquez será también liberado o permanecerá detenido.
Dirigentes de Voluntad Popular rechazaron los cargos y sostuvieron que los dos miembros de su partido fueron apresados cuando llevaban dinero de la alianza opositora al centro del país para actividades de logística del proceso de validación de las firmas de 1% del electorado, que se requería como primer paso para iniciar el proceso para activar el referendo contra Maduro.
El alcalde opositor venezolano David Smolansky también confirmó la liberación de San Miguel, destacando que «no debió haber pasado ni un día preso» y que en las cárceles venezolanas «sigue habiendo decenas de presos políticos y seguiremos exigiendo la libertad de todos».
La liberación de San Miguel se produjo horas después que el alcalde denunció en la mañana del viernes a la policía política por abuso de sus facultades tras citarlo a declarar por supuestamente difundir información falsa sobre la detención de otro crítico del gobierno.
«Estoy acá en el Ministerio Público por segunda vez en la semana, dando la cara, dejando muy claro que si hay una institución que tiene competencia para investigar es la Fiscalía General», dijo Smolansky a través de un video divulgado en su cuenta de Twitter en el que expresó sus razones para ignorar la citación que le hizo el Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN).
La víspera, Smolansky denunció que agentes del SEBIN con armas largas ingresaron a la sede del ayuntamiento del municipio capitalino de El Hatillo y le entregaron una citación a declarar en una sede de esa policía política.
Según la citación, el SEBIN había iniciado una investigación «por la difusión de falsas noticias con relación al lugar donde permanece detenido» Yon Goicoechea, otro miembro de Voluntad Popular del que el alcalde también pertenece.
«Me persiguen porque ven (que fui parte de) una generación de ese movimiento estudiantil glorioso de 2007, que le originó a (el ex mandatario) Hugo Chávez su única derrota electoral. Me persiguen porque formo parte de Voluntad Popular, que es un partido que no se ha cansado de denunciar las arbitrariedades, los abusos y las violaciones sistemáticas de derechos humanos que lidera este régimen», agregó Smolansky después de denunciar el procedimiento policial ante la Fiscalía.
Smolansky, que en repetidas ocasiones ha acusado al gobierno de Maduro de llevar a cabo una arremetida contra la oposición, sería entrevistado por el SEBIN por ser el autor de una información publicada por el diario El Nacional en que se señaló que «Goicoechea está en una celda llena de excrementos».
La detención de Goicoechea por poseer supuestos cordones para explosivos fue condenada por los opositores, que acusaron al gobierno venezolano de tratar de generar temor ante la inminencia de la marcha del 1 de septiembre en la que miles de personas demandaron la pronta realización del referendo revocatorio del mandato de Maduro.
El presidente del Congreso, el diputado opositor Henry Ramos Allup, defendió el «derecho del alcalde y de cualquier otro venezolano de hablar a favor de los presos políticos» y de «denunciar las deplorables condiciones de los calabozos».
Agregó que «éste es un régimen forajido que utiliza al Poder Judicial como organismo de represión y cree que arreciando la represión va a impedir que los venezolanos ejerzan su derecho a revocar al peor gobierno de nuestra historia».
La oposición apuesta a realizar este año el referendo como salida a la crisis económica y social que golpea a Venezuela, pero el cronograma que planteó el Consejo Nacional Electoral ha generado dudas de que la consulta pueda darse antes del 10 de enero de 2017, cuando se completará más de la mitad del mandato de seis años de Maduro.
La Constitución establece que de realizarse el referendo luego de esa fecha los dos últimos años del gobierno deberán ser completados por el vicepresidente.
