El futuro incierto a días de terminar el DACA
Pese al inminente fin de DACA, Trump dio seis meses al Congreso, hasta el 5 de marzo de 2018, para aclarar la situación de los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños y que son conocidos popularmente como «soñadores» (dreamers).
Ojo Global Noticias.
Washington, 3 oct (EFE).- La secretaria en funciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., Elaine Duke, urgió hoy a los casi 50.000 «soñadores» (jóvenes indocumentados) que aún no han renovado su amparo migratorio DACA y permiso de trabajo a que lo tomen como «prioridad» antes de vencer el plazo este jueves.
«Para aquellas personas que todavía pueden solicitar la renovación de su acción diferida bajo DACA, pero aún no lo han hecho, les urjo a que hagan de ello una prioridad», dijo Duke en un comunicado.
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció a comienzos de septiembre el fin del plan de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), proclamado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, y que ofreció cobertura a 800.000 jóvenes indocumentados que llegaron al país siendo niños.
Duke subrayó que es «imperativo que se reciba físicamente» la solicitud antes del fin del plazo este jueves, marcado por el Gobierno de Trump tras anunciar que cerrará el programa.
De acuerdo con los datos del DHS, de los aproximadamente 154.200 personas cuyo DACA expira entre septiembre de 2017 y marzo de 2018, solo 106.000 tienen peticiones pendientes o el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ya ha otorgado la renovación.
«El proceso de renovación es más rápido que una solicitud inicial y requiere mínima documentación, así que dediquen un momento ahora para rellenarlo adecuadamente», agregó.
Asimismo, Duke señaló que ha instado al USCIS «a considerar caso a caso» las peticiones recibidas desde Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidense debido a la devastación ocurrida en esa zona por el paso del huracán María.
Pese al inminente fin de DACA, Trump dio seis meses al Congreso, hasta el 5 de marzo de 2018, para aclarar la situación de los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños y que son conocidos popularmente como «soñadores» (dreamers).
Sin embargo, la situación en el órgano legislativo, donde los republicanos cuentan con mayoría en cámaras, es compleja.
El Congreso se encuentra actualmente dividido entre los demócratas, unidos para regularizar la situación de los «soñadores»; y la mayoría de los republicanos, que condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad en la frontera.
¿Detención a los beneficiarios?
El Gobierno de Estados Unidos no ha dado «instrucciones específicas» para perseguir a los beneficiarios del plan de Acción Diferida (DACA), a los que el presidente Donald Trump dio una prórroga de seis meses tras anunciar el pasado septiembre el fin del programa, aseguraron hoy fuentes oficiales.
«No tenemos instrucciones específicas para ir tras ningún beneficiario del DACA», afirmó hoy en el Senado el secretario adjunto de Política Fronteriza, Inmigratoria y de Comercio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Michael Dougherty.
La declaración del funcionario del Gobierno se produjo en una sesión del Comité Judicial del Senado, que trabaja en encontrar una propuesta de ley que pueda ser aprobada por el Congreso de EE.UU. antes de que el programa sea suspendido, el próximo 5 de marzo de 2018.
El programa fue implantado en 2012 mediante una orden ejecutiva firmada por el entonces presidente, Barack Obama, con el fin de proteger de la deportación a aquellos extranjeros que llegaron al país de manera ilegal siendo niños, conocidos como «dreamers» («soñadores»), a los que además se les permitió estudiar, trabajar y viajar.
Trump anunció el pasado 5 de septiembre el fin del DACA, pero dio seis meses al Congreso, para legalizar la situación de los cerca de 800.000 beneficiarios del programa.
Dougherty, quien señaló que la voluntad del presidente es «darle una oportunidad» a los «soñadores» para que puedan acabar quedándose «bajo una legislación racional» que les acabe permitiendo acceder a la ciudadanía, reconoció que una vez expire la prórroga los soñadores «no tendrán protección, ni acceso a permisos de trabajo».
En este sentido, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, quien no participó en la comisión del Senado, emitió un comunicado en el que dijo estar «complacido» por escuchar que una «legislación racional» podría llevar a los soñadores a convertirse en «residentes permanentes en el camino a la ciudadanía».
De acuerdo con el funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, no obstante, la prioridad del actual Gobierno es «proteger al trabajador estadounidense», para lo que la Administración está trabajando en reforzar la seguridad de las fronteras, reducir el número de visados y agilizar el proceso de deportación.
Hasta que finalice la prórroga, los «soñadores» podrán solicitar la renovación del programa, lo que podría dar un margen de dos años adicionales a algunos de los actuales beneficiarios del plan.
Cuestionado por la legalidad de esta medida, ante el hecho de que el programa ha llegado a ser tachado de inconstitucional por el fiscal general, Jeff Sessions, el representante del DHS admitió que haber acabado con el DACA de manera abrupta hubiera supuesto un grave problema por el elevado número de casos a evaluar.
En cuanto a los aspectos legales de la decisión de terminar con el programa, Chad Readler, fiscal general adjunto en funciones de la División Civil del Departamento de Justicia, informó que el Gobierno ha sido denunciado por 17 estados, así como por el Distrito de Columbia, donde está la capital del país, todos ellos contrarios a esta medida.
«La decisión de desmantelar el DACA es motivo de litigación», reconoció Readler, quién consideró que la medida responde, en parte, a que el fiscal general considera que los inmigrantes ilegales suponen una amenaza a la seguridad nacional, pese a que, hasta la fecha, no ha aportado datos que respalden sus sospechas.
En este sentido, Dougherty volvió a tomar la palabra para asegurar que, si alguien supone una amenaza «más allá de cuál sea su estatus, DACA o no», las fuerzas del orden irán por él.
Sin embargo, la mexicana, Dennise Rojas, que participó en la comisión en representación de los «soñadores», indicó que antes de ser aceptada en el programa DACA se tuvo que someter a un completo chequeo de antecedentes y que, por contra, hasta 2012 vivía «aterrorizada» por la posibilidad de ser deportada.
A sus 28 años, Rojas estudia Medicina en la prestigiosa Escuela Icahn de Medicina de Mount Sinai, en Nueva York.
«El DACA fue la solución que me permitió subir el techo de mis aspiraciones como estudiante», sentenció Rojas, quien se definió como una «orgullosa inmigrante ilegal y, próximamente, médica».
Corte dividida.
El Tribunal Supremo de EE.UU. evaluó hoy, dividido entre sus miembros progresistas y conservadores, si los inmigrantes pueden ser detenidos indefinidamente o si debe fijarse un límite a la reclusión, un caso que podría impactar en las futuras políticas del presidente, Donald Trump.
Ocho de los nueve jueces del Tribunal Supremo ya evaluaron este caso en noviembre de 2016, poco después de que Trump ganara las elecciones, pero no pudieron alcanzar un veredicto.
El juez que estudió hoy por primera vez este caso sobre centros de detención es Neil Gorsuch, un magistrado conservador nombrado por Trump y que, durante la audiencia de hoy, se mantuvo la mayor parte del tiempo en silencio y solo preguntó a las partes por conceptos técnicos, sin mostrar cuál puede ser el sentido de su voto.
El caso cuestiona si los inmigrantes, como cualquier ciudadano estadounidense, tienen derecho a una audiencia que examine su reclusión y pueda ponerles en libertad de manera provisional mientras las autoridades deciden si deben ser deportados o pueden acogerse a algún tipo de asilo.
En instancias judiciales inferiores, la organización que representa a los inmigrantes, la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), ha defendido con éxito que los extranjeros deben tener derecho a una vista judicial si han permanecido privados de libertad durante seis meses.
Precisamente, los magistrados debatieron sobre si ese límite de seis meses es adecuado o si debe fijarse otro periodo temporal tras el cual los inmigrantes deben tener derecho a una audiencia.
Los cuatro jueces conservadores, como Samuel Alito, se mostraron escépticos sobre si debe fijarse un límite exactamente a los seis meses o si, por el contrario, debe determinarse un plazo máximo a nivel individual, dependiendo de las circunstancias.
Los magistrados también evaluaron cuáles son los factores concretos que impedirían esa liberación de los inmigrantes y que la ley define como «riesgo de fuga» o «peligro para la comunidad», unos términos que los jueces progresistas consideraron demasiado ambiguos.
El rostro del caso es Alejando Rodríguez, un hispano que en 2007 interpuso una demanda para acabar con el régimen de detención en el que llevaba tres años y, finalmente, consiguió que se celebrara una audiencia en la que un juez canceló su deportación y le permitió seguir residiendo en Estados Unidos.
En Estados Unidos existen actualmente 112 centros de detención, donde miles de inmigrantes permanecen retenidos durante una media de 13 meses, según datos de los demandantes.
Los inmigrantes retenidos en los centros son indocumentados que han llegado a EE.UU. de manera irregular o son extranjeros que han sido condenados por cometer algún crimen.
Este caso es de vital importancia para el Gobierno de Trump, pues, si el Tribunal Supremo falla a su favor, puede ver ampliado sus competencias en política migratoria y tendría una mayor discrecionalidad para mantener en centros de detención a los extranjeros sin límite de tiempo.
