Estados Unidos: La inmigración después del DACA

En Estados Unidos crece el temor a compartir información personal con las autoridades migratorias hace dudar a un buen número de jóvenes indocumentados amparados bajo la Acción Diferida (DACA) sobre la conveniencia de renovar ese permiso, a horas de que concluya el plazo para hacerlo.

Ojo Global Noticias

 

Washington, 4 oct (EFEUSA).- El fiscal general, Jeff Sessions, envió en los últimos meses más de cien jueces a centros de detención de inmigrantes de todo el país con el objetivo de acelerar los procesos de petición de asilo o de deportación, informó hoy en un comunicado el Departamento de Justicia.

 

El despliegue judicial ha permitido procesar 2.700 casos adicionales a los que normalmente enfrenta el sistema judicial de inmigración y, como resultado, se ha aumentado en un 21 % la cifra de procesos resueltos en todo el país, también en la frontera entre Estados Unidos y México.

 

El envío de jueces a centros de detención se produjo como resultado de una orden ejecutiva que firmó el pasado 25 de enero el presidente, Donald Trump.

 

En esa orden, Trump encomendaba a su fiscal general el deber de enviar jueces a los centros migratorios del país, donde la falta de personal ha sido un problema que denunciaron durante años grupos vinculados tanto al Partido Demócrata como al Partido Republicano.

 

Según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargado de la gestión de esos centros, en Estados Unidos existen 112 instalaciones para recluir a inmigrantes.

 

Los inmigrantes retenidos en los centros son indocumentados que han llegado a EEUU de manera irregular o son extranjeros que han sido condenados por cometer algún delito.

 

Senadores de EE.UU. buscan unidad para dar solución a los jóvenes indocumentados.

Representantes de los partidos Republicano y Demócrata de Estados Unidos quisieron hoy dar una imagen de unidad ante el problema al que se enfrentan los beneficiarios del plan de Acción Diferida (DACA), después de que el presidente Donald Trump anunciara en septiembre el fin del programa.

 

«Encontraremos un punto de encuentro porque, aunque tenemos nuestras diferencias, el concepto es que puedan obtener la ciudadanía», señaló el senador republicano Lindsey Graham, que compareció ante los medios acompañado por el legislador demócrata Dick Durbin en Washington.

 

Ambos legisladores forman parte del Comité Judicial del Senado, que trabaja en redactar una propuesta de ley que pueda ser aprobada por el Congreso de EE.UU. antes de que el programa sea suspendido, el próximo 5 de marzo de 2018.

 

En la comparecencia, que tuvo lugar ante el Capitolio, los dos legisladores estuvieron acompañados por varias decenas de «dreamers» («soñadores»), que es como se conoce popularmente a los inmigrantes ilegales que entraron en el país siendo niños, que acudieron hoy a Washington para presentar sus testimonios ante la comisión.

 

«Cuando empezamos a hablar no de estadísticas, sino de personas reales, es cuando empezamos a ver la importancia del asunto», señaló Durbin, quien añadió que los cerca de 800.000 «soñadores» que en la actualidad viven en el país representan un «valor real» para el país.

 

El pasado 5 de septiembre, Trump anunció el fin de este programa, que fue implantado en 2012 mediante una orden ejecutiva firmada por el entonces presidente, Barack Obama, y que tenía como objetivo regularizar la situación de estos jóvenes para que pudieran estudiar, trabajar y viajar.

 

Tras cancelar el programa, el mandatario dio un plazo de seis meses al Congreso para sacar una legislación que ofreciera una solución permanente y que, según apuntan miembros de la Administración, podría ir en el sentido de dar a los «soñadores» acceso al permiso de residencia permanente, lo que a la larga abriría la vía de la ciudadanía.

 

«Les voy a decir el porqué soy optimista: creo que el presidente tiene la actitud correcta para solventar este problema», valoró el legislador republicano.

 

Sin embargo, la mexicana Bebe Martínez, una de las beneficiarias del DACA presentes en el acto, confesó a Efe que es difícil confiar en un presidente que «te señala» al afirmar cosas tales como que sus compatriotas «son violadores».

 

«Ahora las cosas son muy complicadas porque el apoyo que recibimos del presidente no es el esperado. Eso complica las cosas y hace difícil el ser optimista», lamentó Martínez, quien llegó al país cuando apenas tenía siete años y que en la actualidad cursa Estudios Asiáticos en la Universidad de Furman, en Carolina del Sur.

 

El Congreso se planteó, por primera vez, la situación de los soñadores en 2001 con el «Dream Act» y, en 2013, estuvo cerca de regularizar su situación mediante una reforma migratoria, que finalmente no fue aprobada.

 

«Una cosa que aprendí cuando no salió el ‘Dream Act’ es que no debo poner mis esperanzas en un pedazo de legislación, así que ahorita pongo mi esperanza en la comunidad», comentó a Efe Guadalupe Pimentel, una joven mexicana de Veracruz que llegó al país en 1999 y que hoy estaba en Washington para contar su historia en el Senado.

 

Pese a la imagen de unidad ofrecida hoy por Graham y Durbin, el Congreso se encuentra actualmente dividido entre los demócratas, que apoyan el regularizar la situación de los «soñadores»; y la mayoría de los republicanos, que condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad fronteriza.

 

 

Algunos beneficiados con el DACA dudan renovar por temor a compartir información

El temor a compartir información personal con las autoridades migratorias hace dudar a un buen número de jóvenes indocumentados amparados bajo la Acción Diferida (DACA) sobre la conveniencia de renovar ese permiso, a horas de que concluya el plazo para hacerlo.

 

«La verdad tengo miedo, tengo miedo de que así como el presidente Donald Trump decidió terminar con el programa DACA, la extensión de los permisos de trabajo no sean respetados especialmente si el Congreso no aprueba ninguna legislación en los próximos meses», dijo a Efe Rocío, una joven de 23 años que ha decidido no renovar DACA.

 

Hoy se cumple el plazo para enviar la aplicación de renovación de DACA al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), la cual debe ser enviada por correo, abonando el servicio de «un día al otro» para que sea entregada mañana, de lo contrario no será procesada.

 

Pero jóvenes como Rocío tienen casi seguro que no lo harán.

 

Ella sabe las consecuencias de no renovar DACA: Volverá a «las sombras» y su nombre se agregará de nuevo a la lista de los miles de indocumentados que viven en Estados Unidos y que se encuentran en la mira de la presente Administración, que ha endurecido su política migratoria.

 

James McCament, director interino de USCIS, aseguró este martes que la información de los solicitantes que renueven DACA no será compartida con agencias del orden, incluidas Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) o la Patrulla Fronteriza (CBP).

 

Aún así, ella no se muestra convencida de la promesa de McCament y, en concreto, su mayor temor es que un día agentes de ICE toquen a su puerta y la arresten junto a sus padres, que tampoco cuentan con un estatus legal en el país.

 

De acuerdo a cifras del Departamento de Seguridad Nacional (DSH), hasta el martes 106.000 de los 154.000 inmigrantes elegibles para renovar su permiso de DACA habían enviado su aplicación, de ellos 58.000 las enviaron antes del 5 de septiembre, cuando el fiscal general, Jeff Sessions, anunció el fin de este programa federal.

 

En el anuncio del término de DACA, que desde 2012 otorgó un alivio migratorio y ha protegido de la deportación a 800.000 jóvenes indocumentados, el Gobierno federal dio a conocer que aquellos cuyos permisos venzan antes del 5 de marzo de 2018 pueden renovarlos por otros dos años.

 

De acuerdo a las cifras más recientes de DHS, 48.000 jóvenes aún no han mandado su renovación para este programa federal, implementado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) y que protege a jóvenes indocumentados que han llegado al país siendo niños.

 

«Hay muchos factores que están interviniendo para que algunos jóvenes no estén renovando su DACA», dijo a Efe Karina Ruiz, directora de la Coalición del Acta Sueño (ADAC) en Arizona y que trabaja arduamente en Arizona para ayudar al mayor número de beneficiarios de este programa.

 

Ruiz admitió que el número de jóvenes que llegaron a sus oficinas no fue tan grande como el que esperaban, pero cuando anunciaron «becas» para ayudar a pagar la aplicación el número se incrementó «un poco».

 

El económico -el trámite cuesta 495 dólares- constituye otro factor que ha impedido a algunos «soñadores» con posibilidad de renovar no poder mandar su aplicación.

 

«Si el Gobierno federal nos quiere encontrar lo puede hacer por medio de nuestro número de Seguro Social, por esto estamos pidiendo a todos que pueden tomen esta oportunidad. Es mejor tener una protección, por mínima que sea, a no tener nada», señaló la activista.

 

Rocío, por lo pronto, sabe que tiene hasta hoy para cambiar de opinión, pero afirma que es «poco probable» que lo haga.

 

 

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