Rousseff podrá ejercer la política tras su destitución
La primera presidenta mujer de Brasil fue acusada de violar las leyes de responsabilidad fiscal en el manejo del presupuesto federal
Por Ojo Global Noticias /AP
Redacción
Brasilia.- El Senado brasileño ha votado con 61 votos por la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, en un hecho que marca el fin de la gestión de la mandataria tras un juicio político que catalogó como un “golpe de Estado”. Es la segunda vez en la historia que un presidente de Brasil deja el poder acusado de corrupción.
Michel Temer, el presidente interino y otrora vicepresidente de Brasil con Rousseff en el poder, deberá terminar el resto del período, que culmina en 2018. No obstante, Temer, a quien la mandataria acusa de «usurpador» corre el riesgo de ser destituido por el Tribunal Superior Electoral.
Sin embargo, la ahora exmandataria conservará sus derechos políticos y los beneficios que la legislación le garantiza a los ex jefes de Estado tras la decisión del Senado, según la sentencia leída hoy por el presidente de la Corte Suprema, juez Ricardo Lewandowski.
Sin abstenciones en la votación 61 senadores votaron a favor de destituir a la mandataria y 20 se opusieron a la medida. En la primera votación, 61 de los 81 senadores votaron por la destitución y 20 la absolvieron, y en la segunda 42 parlamentarios se inclinaron por inhabilitarla, 36 por mantenerle los derechos y tres se abstuvieron. Pero la sanción exigía la aprobación de una mayoría calificada de dos terceras partes del Senado (54 votos) por lo que Rousseff consiguió mantener sus derechos políticos, recordó Efe.
Al fondo del caso
La primera presidenta mujer de Brasil fue acusada de violar las leyes de responsabilidad fiscal en el manejo del presupuesto federal. Ella niega haber cometido delito alguno y señala que presidentes anteriores recurrieron a maniobras contables similares.
El juez Lewandowski presidió el juicio. Se requería el voto de 54 de los 81 senadores para destituir a la mandataria. La cámara votó por 55 votos contra 22 suspenderla e iniciarle juicio político.
Al menos tres decretos firmados por Rousseff fueron irregulares, según auditores del Senado, porque no los aprobó el Congreso. La defensa de Rousseff hizo una lista de decretos similares firmados por dos presidentes anteriores a partir de 2000.
El martes, la fiscalía y la defensa dieron sus argumentos finales.
Janaina Paschoal, la principal fiscal en presentar la argumentación contra la primera mujer presidente de Brasil, dijo que ésta había violado normas administrativas al elaborar el presupuesto nacional, recordó AP.
«Esto no se trata de un pequeño problema de contabilidad, se trata de fraude», dijo Paschoal. «No es solamente que la presidenta mintió. El fraude fue expresado, el fraude fue documentado».
Al concluir su discurso unos minutos más tarde, a Paschoal se le salieron las lágrimas al expresar esperanzas de que Rousseff la perdone «por el sufrimiento que le he causado».
El abogado de la mandataria, José Eduardo Cardozo, también se emocionó tras presentar su defensa y consideró que los comentarios de Paschoal entre lágrimas eran «insultantes».
La historia se repite
Uno de los primeros oradores el martes, el quinto del juicio, fue el senador Fernando Collor de Mello, que renunció a la presidencia en 1992 después de enfrentar un juicio político en la Cámara de Diputados.
En esa época él fue acusado de corrupción. En la actualidad es uno de los legisladores que enfrentan acusaciones de corrupción por el escándalo en Petrobras.
«Esto es totalmente diferente», dijo Collor, en una insinuación de que votará para que Rousseff sea destituida, y enumeró una lista de presuntos errores que la mandataria cometió en el puesto.
Collor dijo que él, no Rousseff, fue víctima de un «golpe».
El Partido de los Trabajadores al que pertenece la presidenta suspendida fue un impulsor crucial de la remoción de Collor del poder.
Rousseff dijo que el juicio político fue el precio que tuvo que pagar por rehusarse a suprimir una amplia investigación policial sobre sobornos millonarios en la compañía petrolera estatal Petrobras, y dijo que legisladores corruptos se confabularon para destituirla y descarrillar dicha pesquisa.
Debido a la investigación han ido a parar a la cárcel prominentes empresarios y políticos, algunos de ellos del Partido de los Trabajadores, al que pertenece la mandataria.
Sin embargo, el asunto no para ahí: grupos independientes calculan que 60% de los 594 legisladores en ambas cámaras son investigados por irregularidades y muchos por corrupción relacionada con la pesquisa en Petrobras.
Los aliados de Rousseff han prometido apelar la decisión ante la Corte Suprema. Aunque recursos judiciales anteriores no lograron frenar el proceso de impugnación, por lo menos las batallas legales mantendrán el tema en el candelero.
