Con un alto el fuego definitivo Colombia dará inicio a la paz

Por Frank López Ballesteros

 

Ojo Global Noticias

 

Nadie lo podía  creer hasta el miércoles 24 de agosto de 2016. Las estadísticas de la guerra son convincentes y dolorosas en Colombia. Son 200.000 muertos, 8 millones de personas por recibir reparaciones por algún daño sufrido, de ese número, seis millones son desplazados, miles de crímenes sin denunciar, todo esto en 54 años de combates, sangre y rabia que puede terminar el próximo 2 de octubre.

 

El presidente Juan Manuel Santos anunció el jueves que el cese definitivo del fuego con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) comenzará a primera hora del 29 de agosto, luego de anunciar el día anterior que los acuerdos de paz se habían alcanzado por completo.

 

«Como jefe de Estado y como comandante en jefe de nuestras fuerzas armadas he ordenado el cese al fuego definitivo con las FARC a partir de las cero horas del próximo lunes 29 de agosto», dijo el gobernante en la sede del Congreso, informaba AP.

 

 

«Se termina así el conflicto armado con las FARC», enfatizó.

 

El 23 de junio el mandatario y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño alias «Timochenko», habían acordado en Cuba el cese bilateral y definitivo del fuego pero no habían fijado la fecha de su entrada en vigor.

 

Para el senador Juan Manuel Galán, del oficialista Partido Liberal, el anuncio será «el punto de partida para el plebiscito».

 

En cambio el también senador Alfredo Rangel, del opositor Centro Democrático, opinó por Twitter que «Santos decreta cese al fuego definitivo con FARC mientras esos terroristas siguen enriqueciéndose con el narcotráfico».

 

Santos informó al Congreso su decisión de convocar a un plebiscito sobre los acuerdos alcanzados con las FARC y entregó al presidente del Senado, Mauricio Lizcano, el texto firmado por las partes la víspera en La Habana.

 

Evitar la catástrofe

Este jueves en la capital cubana, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto De la Calle, admitió que sería «catastrófico» para Colombia que el acuerdo de paz no sea aprobado en el plebiscito.

 

«Lo que queremos es que ningún colombiano se abstenga de decidir», dijo De la Calle en conferencia de prensa en el último encuentro con periodistas en la mesa de diálogo instalada casi cuatro años atrás entre las FARC y el gobierno de Santos.

 

«¿Cuáles son las consecuencias (de una derrota del plebiscito)? A mí me parece que serían catastróficas», agregó.

 

De la Calle recordó que en el pasado cada vez que se rompió un proceso de paz tomó al menos una década reanudar las negociaciones con el consecuente lastre de violencia y víctimas y un alto costo económico para el país.

 

Extraña sensación

Los colombianos reaccionaron el jueves con una mezcla de optimismo y dudas al anuncio de Santos y las FARC de que llegaron a un acuerdo para poner fin a más de medio siglo de guerra interna.

 

El miércoles en La Habana los jefes de los equipos negociadores del gobierno y de las FARC, y Luciano Marín alias «Iván Márquez», respectivamente, estamparon su firma en un histórico documento que puso fin a un conflicto que ha dejado más de 200.000 muertos.

 

Sin embargo, el acuerdo final, de 297 páginas, deberá ser refrendado el 2 de octubre por los colombianos en un plebiscito, como anunció ayer el Jefe de Estado. En otras palabras, desde este momento comienza formalmente una intensa campaña de cinco semanas entre los partidarios del Sí y el No.

 

Santos informó que el jueves notificaría al Congreso para que convoque a la consulta popular. “El día ha llegado. Hoy podemos decir que por fin todo está acordado”, enfatizó el mandatario al manifestar que se cerraron las negociaciones, y el texto definitivo del acuerdo final es “inmodificable”.

 

“Hoy comienza el fin del sufrimiento, el dolor y la tragedia de la guerra”, señaló Santos. “Logramos un acuerdo que, por donde se mire, es infinitamente mejor que continuar la guerra que rompió familias, azotó regiones y nos hizo sufrir un horror que nuestros hijos conocerán, por fortuna, sólo en los libros de historia”.

 

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Las negociaciones entre la administración de Santos y las FARC comenzaron en noviembre de 2012. Desde entonces las partes lograron acuerdos en materia agraria, la participación de los rebeldes en política, la lucha conjunta contra el narcotráfico, el resarcimiento de las víctimas, el blindaje jurídico y político a los puntos acordados en la negociación, la forma en que los actores del conflicto armado pagarán por sus crímenes, el cese bilateral y definitivo del fuego y el abandono de las armas por parte de los rebeldes.

 

Para 2018

Entre los acuerdos revelados el miércoles se contempla que el partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política participará en los comicios de 2018 y 2022 para tener representación en el Poder Legislativo. Según un documento de la presidencia colombiana divulgado a la prensa, se les garantizará un mínimo de cinco curules en el Senado y cinco en la cámara baja.

 

 

Naciones Unidas y grupos de observadores internacionales estarán a cargo del monitoreo del fin de las hostilidades y el funcionamiento de 23 zonas a las cuales arribarán de manera transitoria los guerrilleros mientras se realiza el proceso de abandono de las armas.

 

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Si se formaliza el acuerdo final se extinguiría el último gran movimiento armado de América Latina.

 

En el país aún opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque el gobierno de Santos también busca negociar la paz con ese grupo rebelde.

 

Los delitos en cuestión

 

El presidente Santos consideró que el deber principal para construir la paz es proteger los derechos de las víctimas, es decir, sus derechos a la justicia, a la verdad, a la reparación y “a que nunca más se vuelvan a repetir las atrocidades que sufrieron”.

 

Indicó que para esto, se creó una Justicia Especial para la Paz –con un Tribunal conformado por magistrados independientes de las más altas calidades–, que será aplicada también, en forma diferenciada, a los miembros de nuestra Fuerza Pública y a civiles que hayan cometido delitos relacionados con el conflicto.

 

“Esta justicia transicional garantiza que no habrá impunidad para los responsables de los delitos más graves”, sostuvo.

 

“Ellos serán investigados, juzgados y sancionados con varios años de restricción efectiva de su libertad. Además, tendrán que decir toda la verdad y contribuir a reparar a las víctimas. Si no lo hacen, irán a la cárcel hasta por 20 años”, agregó.

 

“Las víctimas han estado en el centro de este proceso y serán sus principales beneficiarias. Pero también lo será todo el país, por todo lo que significa vivir en paz y porque no habrá más víctimas”, puntualizó el Jefe de Estado.