¿Cuáles son los “crímenes graves” de las FARC que Uribe no perdona?
La Fiscalía colombiana dice que hay unos 11 mil procesos judiciales contra guerrilleros de las FARC y solo los negociadores tienen en su contra 163 ordenes de captura
Frank López Ballesteros
Ojo Global Noticias
Todos los jefes negociadores de las FARC que se sumaron a los diálogos de paz en La Habana acumulan condenas por delitos que pasan por el tráfico de droga, secuestro, genocidio, terrorismo, rebelión, desaparición forzada, reclutamiento de menores y desplazamiento de poblaciones enteras. Y más.
Unos más que otros acumulan condenas que suman hasta 220 años de cárcel por distintos delitos, que a lo largo de los últimos 25 años, la mitad del medio siglo del conflicto armado, fueron sumándose tras los juicios en ausencia que se dieron dentro y fuera de Colombia.

La derrota de los acuerdos de paz, en el plebiscito del domingo, se dio principalmente por el llamado que hizo el expresidente Álvaro Uribe para rechazarlos al considerar que los crímenes y delitos cometidos por la cúpula de mando de las FARC quedarían impunes.
Uribe habla de “crímenes graves” que no pueden conmutarse por medio de una ley de amnistía, como exigieron los líderes de las FARC.
Exige que se revise este punto para que, al menos, los máximos responsables paguen por sus delitos. “No son santos niños de Atoche que quebraron un plato, son terroristas que mataron mucha gente”, había dicho.
La Fiscalía colombiana dice que hay unos 11 mil procesos judiciales contra guerrilleros y trabaja arduamente para esclarecer muchos casos cometidos a lo largo de los años. Existen casos de hasta hace una década que las autoridades resuelven semanalmente.
Según lo pactado en septiembre, los tribunales especiales para la paz juzgarán a los responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad, ya que los delitos políticos y conexos serán amnistiados, estos como el narcotráfico (que se opone Uribe).

Quemados vivos
Diez guerrilleros de la columna Gabriel Galvis de las FARC, fueron condenados por el asesinato de seis policías en hechos ocurridos el 3 de julio de 2006, en la vereda El Arenillo del municipio de Palmira, en el mismo departamento.
El día del ataque los insurgentes de esa estructura guerrillera atacaron las instalaciones de madera de la estación hacia las 11:30 de la noche y procedieron a encenderles fuego, en momentos en que los uniformados cambiaban de turno. Tres de ellos resultaron gravemente heridos por quemaduras.
Acciones como esta utilizan los detractores del acuerdo de paz para defender que los guerrilleros que se desmovilicen y cometieron crímenes reciban fuertes condenas, y no penas de un máximo de 10 años.
Los casos, los delitos, la historia
La madrugada del 1 de noviembre de 1998, cuando faltaban 20 minutos para las cinco de la mañana, un contingente de 1.500 guerrilleros de las FARC comenzaron un ataque planificado contra la empobrecida ciudad de Mitú, en el departamento de Vaupes.
Con cilindros bombas, metralladoras, granadas, pistolas, bidones de gasolina, benzol, los insurgentes bajo el mando de alias Mono Jojoy (muerto en un bombardeo en 2010) e Iván Márquez, hoy jefe negociador de las FARC en La Habana, coordinaron el ataque contra el cuartel de la policía, que durante más de doce horas sufrió bombardeos y disparos hasta quedar derrotados los oficiales que la custodiaban.
El saldo fueron 55 policías secuestrados, un centenar de muertos entre civiles y oficiales, que se sumarían a la lista de 40 soldados que murieron y veinte que cayeron en poder de la guerrilla en la toma militar de Miraflores, en el departamento del Guaviare, el 3 de agosto de 1998.
En menos de tres meses las FARC se hizo del control de poblados enteros en una lucha contra el Estado que evidenciaba la supremacía de la guerrilla frente a las fuerzas militares.
Por esos cientos de ataques, secuestros, Uribe dice que no puede haber un “simple perdón”.
Luciano Marín, alias Iván Márquez.
Este importante líder guerrillero tiene órdenes de arresto no solo en Colombia sino Estados Unidos, que lo requiere por tráfico de drogas, ofreciendo hasta 2.5 millones por su captura.

La Fiscalía de Colombia reveló en 2012 que Márquez acumulaba “66 medidas de aseguramiento, 132 ordenes de captura y 28 condenas, siendo el líder guerrillero con más deudas a la justicia”.
El Departamento de Justicia estadounidense asegura que Marquez supervisó la carga de los aviones que transportan entre 600 y 1200 kilogramos de cocaína y la recepción de dinero y armas automáticas como forma de pago.
Sobre la base de la jurisprudencia colombiana, los máximos responsables, por cadena de mando, son precisamente los jefes de la guerrilla.
Andrés París, alias de Jesús Carvajalino
Veterano líder de la guerrilla miembro del Estado Mayor Conjunto, y también negociador en Cuba, tiene tres órdenes de captura y es acusado por los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, rebelión, desaparición forzada y desplazamiento forzoso.
Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda
El llamado Canciller de las FARC tiene diez órdenes de captura, cuatro medidas de aseguramiento y una condena 15 años de prisión. Se le acusa de los delitos de entrenamiento de actividades ilícitas, rebelión, enriquecimiento ilícito, reclutamiento ilícito y desaparición forzada, dice un informe de la Fiscalía.
El Gobierno de EEUU asegura que en 2000, junto con el Pastor Alape, ordenó al Bloque Magdalena Medio retomar territorios para sembrar coca, derribar los aviones de fumigación, aumentar la producción de coca, secuestrar a ciudadanos estadounidenses. Washington lo solicita y pagaría hasta 5 millones de dólares por su captura.
Luis Alberto Albán, alias Marco León Calarcá
Con 15 ordenes de captura y una condena a 32 años de prisión, alias Calarcá tiene siete medidas de aseguramiento. Es señalado de los delitos de homicidio, terrorismo, rebelión, secuestro, toma de rehenes, apoderamiento de aeronaves, violación e inmunidad diplomática y concierto para delinquir.
Los niños y los culpables
Las FARC reclutaron ilícitamente a 11.556 menores desde 1975 hasta 2014, reveló una investigación que durante un año, fiscales y analistas de la Dirección de Análisis de la Fiscalía trabajaron en la consolidación sistemática de patrones de reclutamiento ilícito de menores, por parte del Secretariado de la guerrilla.

Dentro de sus políticas para el reclutamiento de menores las FARC establecieron los 15 años como edad mínima para ingresar a las filas guerrilleras, incluyendo las milicias bolivarianas en los centros urbanos, revelaba un informe de la Fiscalía
El acuerdo de paz firmado con las FARC y que fue rechazado recogía un proyecto de Ley de Amnistía que preveía el perdón jurídico para aquellos guerrilleros que no hubieran cometido delitos graves como los recogidos en el Estatuto de Roma, recordaba la agencia Efe.
Quienes hubieran violado ese estatuto, que incluye crímenes de lesa humanidad, torturas, abusos sexuales o reclutamiento de menores (la mayoría de los líderes negociadores) afrontarían penas privativas de la libertad de hasta ocho años siempre que reconociesen haber cometido esos delitos.
El presidente Santos dijo que quedaban por definir asuntos como el régimen de privación efectiva de la libertad bajo el que cumplirán condena aquellos que se sometan a la jurisdicción especial para la paz, temas como las extradiciones o la manera en que entrarán en la jurisdicción especial y serán juzgados los agentes del Estado que hayan cometido delitos en el marco de conflicto.
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