El poder judicial desafía los ajustes de Macri en Argentina
Por Ojo Global Noticias/AP
Redacción
Buenos Aires.- La decisión de la Corte Suprema de Justicia de anular el aumento en las tarifas de gas residencial de hasta 1000% en Argentina tendrá un alto costo político sobre el gobierno de Mauricio Macri, el cual impulsa fuertes ajustes que si bien son necesarios, están generando malestar social.
Las tarifas para esos usuarios deben retrotraerse a los valores de marzo previos a los aumentos dispuestos por el gobierno, según la resolución del alto tribunal difundida por el Centro de Información Judicial. El fallo indicó además al gobierno que «para la fijación de tarifas de gas» es «obligatorio» realizar audiencias públicas con entidades que representan a los consumidores, lo que no se había cumplido.
Del fallo, que indica que la decisión se circunscribe «al colectivo de los usuarios residenciales» que representan 26% del consumo, se infiere que la Corte sí avaló los incrementos para el comercio y la industria, que constituyen 74% del consumo nacional.
Una vez que se realice una audiencia pública -cuyas decisiones no serían vinculantes- el nuevo cuadro tarifario podrá ser aplicado a los usuarios residenciales ya que la Corte reconoció que es potestad del Ejecutivo establecer la tarifa de los servicios públicos.
Con su fallo el alto tribunal respaldó una sentencia de julio de la Cámara Federal de la ciudad de La Plata, unos 60 kilómetros al sur de esta capital, que declaró la nulidad en todo el país de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería que autorizaron los incrementos.
Tras la decisión de la cámara de La Plata el gobierno dio marcha atrás con la reestructuración integral de las tarifas ordenada en abril, que generó aumentos en las facturas de hasta 1.000%, y estableció un tope de 400% para amainar la indignación de los usuarios y a la espera de un pronunciamiento de la Corte.
«(La resolución) permite terminar con la incertidumbre y ratifica que el cuadro tarifario anterior (a los incrementos) está vigente y por tanto se emitirán órdenes a empresas para que refacturen (emitan nuevas facturas)», dijo a periodistas el jefe de gabinete Marcos Peña al anunciar que el gobierno acatará el fallo. Aquellos que ya hayan pagado los aumentos recibirán notas de crédito por la diferencia, puntualizó.
Asimismo anunció que se impulsará la celebración de una audiencia pública en un plazo máximo de tres semanas.
El funcionario destacó que el tribunal «dijo que es potestad del Ejecutivo fijar tarifas» al dar a entender que los aumentos se aplicarán eventualmente. Al respecto, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, indicó que en la audiencia se pondrá a discusión «el cuadro tarifario que hemos intentado aplicar en los últimos cuatro meses con las consideraciones» que planteen otros actores de la sociedad.
Peña evitó referirse sobre cuál será la estrategia oficialista en torno al fallo judicial que mantiene suspendidos los aumentos para las tarifas de luz.
La realidad duele
Pedro Sisti, abogado de Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad y quien presentó un amparo contra el aumento del gas, consideró que el fallo de la Corte es «un baño de realidad fuerte para el gobierno» y cuestionó a las autoridades por haberse enredado en una batalla judicial sin tener en cuenta la opinión de los usuarios.
Los incrementos generaron varias protestas, sobre todo de ciudadanos de Buenos Aires y sus alrededores donde los aumentos se sintieron en mayor medida ya que las tarifas estaban más desactualizadas que en otras zonas del país.
Macri insistió en que la reestructuración tarifaria era necesaria para terminar con una crisis energética heredada del gobierno de la presidenta Cristina Fernández (2007-2015).
El ministro de Energía defendió recientemente en el Congreso los incrementos de las tarifas, que en lo últimos años estuvieron fuertemente subsidiadas e incidieron en el déficit fiscal. El objetivo del gobierno para este año es reducir el déficit a 4,8% del Producto Interior Bruto.
Según el oficialismo, subsidiar la energía cuesta a Argentina unos 80.000 millones de pesos (5.333 millones de dólares) anuales.
