Cataluña sin solución y con amenazas de ambas partes
Cataluña está al borde de una una batalla jurídica y quizás pase esos límites, ya que el Gobierno de Mariano Rajoy emprenderá la vía del artículo 155 de la Constitución, que faculta al Gabinete español para asumir directamente competencias ejercidas hasta ahora por la administración autonómica, con el fin de volver a la legalidad.
Ojo Global Noticias
Barcelona (España), 19 oct (EFE).- El presidente del Gobierno regional catalán, Carles Puigdemont, aseguró hoy en una carta al jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, que si «persiste en impedir el diálogo», el Parlamento autonómico «podrá proceder a votar la declaración formal de independencia» de Cataluña.
A las 10,00 horas (08,00 GMT) vencía el segundo y último plazo dado por el Gabinete de Rajoy para que Puigdemont aclarase si declaró la independencia de Cataluña el pasado 10 de octubre para decidir si toma medidas constitucionales con el objetivo de volver a la legalidad.
En esa carta, el líder catalán vincula que se ponga en marcha un diálogo a la opción de renunciar a esa declaración de independencia que, según dice en la misiva, el parlamento regional «no votó el día 10» y, según añade, la «suspensión (de la declaración de independencia) continúa vigente».
Ahora, el Gobierno central decidirá si activa el artículo 155 de la Constitución, que le permite asumir directamente funciones desempeñadas por las autoridades regionales.
«Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo -dice Puigdemont-, que la única respuesta (del Gobierno central) sea la suspensión de la autonomía indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar».
No obstante, la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, precisó hace unos días que el artículo 155 de la Constitución no es para suspender el autogobierno de la región, sino para que se ejerza «de acuerdo con la legalidad constitucional» y el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
España vive en las últimas semanas una crisis política desencadenada por los pasos dados por los independentistas catalanes para lograr la secesión de Cataluña, entre ellos la celebración el pasado 1 de octubre de un referéndum ilegal y sin garantías.
El presidente catalán asumió el pasado día 10 el resultado de esa consulta favorable a la secesión, según las cifras de las autoridades catalanas, aunque dejó en suspenso la declaración de independencia y abogó por un diálogo, con mediación, con el Gobierno de Madrid.
El Gobierno de Rajoy respondió pidiendo a Puigdemont que aclare si declaró o no la independencia, y le instó a dialogar con la oposición en Cataluña y en el Parlamento español.
El Ejecutivo ha iniciado la tramitación para, en base a la Constitución, decidir si toma el control de algunas competencias de la autonomía de Cataluña en respuesta al desafío independentista.
Puigdemont no da tregua.
El Gobierno español constató hoy la negativa del presidente regional catalán, Carles Puigdemont, a responder al requerimiento para restituir el orden constitucional y tomará medidas legales para la vuelta a la legalidad.
Fuentes oficiales respondieron así a la carta enviada esta mañana por Puigdemont en la que dice al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, que si «persiste en impedir el diálogo», el Parlamento autonómico «podrá proceder a votar la declaración formal de independencia» de Cataluña.
Gobierno responde a la carta.
El portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, garantizó hoy que pondrá «todos los medios a su alcance» para restaurar el orden constitucional, la «convivencia pacífica» en Cataluña y frenar el «deterioro» de la seguridad jurídica, cuya responsabilidad atribuyó al Gabinete catalán.
En una declaración institucional en el Congreso, Méndez de Vigo respondió a la carta del presidente catalán, Carles Puigdemont, en la que anuncia que si el Ejecutivo español «persiste en impedir el diálogo», el Parlamento autonómico podrá votar la declaración formal de independencia.
Una declaración que esa Cámara «no votó el día 10» de octubre, cuando el líder catalán compareció para decir que asumía los resultados del referéndum ilegal de nueve días antes, en el que unos dos millones de catalanes – según las autoridades locales – se mostraron a favor de la secesión.
Tras esa comparecencia parlamentaria el Gobierno de Mariano Rajoy envío un requerimiento a Puigdemont para que aclarara si había declarado la independencia o no – que venció el pasado lunes – y un segundo, que acabó esta mañana, para instarle a volver a la legalidad.
Después de constatar que Puigdemont no ha rectificado el Ejecutivo de Madrid «continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña», según el ministro portavoz.
Ese artículo faculta al Gobierno para ejercer competencias de la administración regional y volver a la legalidad.
Méndez de Vigo agradeció el apoyo de las distintas formaciones políticas «con las que está cerrando en estos momentos una respuesta mayoritaria y consensuada al desafío secesionista», en especial los socialistas del PSOE y los liberales de Ciudadanos (segunda y cuarta fuerza en el Congreso).
Asimismo, el Gobierno español «denuncia la actitud mantenida por los responsables (del Gabinete catalán) de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional a pesar del grave daño que se está causando a la convivencia y la estructura económica de Cataluña».
Es en ese marco en el que el Gabinete «pondrá todos los medios a su alcance para restaurar cuanto antes la legalidad y el orden constitucional, recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro económico que la inseguridad jurídica está causando en Cataluña», cuyas medidas concretas se conocerán el sábado tras la reunión del Consejo.
