¿Acto de tiranía? Nicolás Maduro despedirá a trabajadores que firmaron para revocarlo
Ojo Global Noticias
Funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro informaron que ya tenían una lista de las personas que trabajan en organismos del Estado y firmaron a favor del referéndum revocatorio.
«Tienen un plazo de 48 horas para que estas personas que tienen cargos, llamados cargos de confianza, cargos directivos, tengan otro destino laboral”, dijo Jorge Rodríguez, alcalde del municipio caraqueño de Libertador.
El chavismo toma estas acciones bajo la justificación ideológica de que empleados del Estado no pueden estar cercanos a la «derecha venezolana».
No es la primera vez que lo funcionarios públicos pasan por una persecución política de este tipo. En 2004 tras el referéndum revocatorio contra el fallecido presidente Hugo Chávez, el gobierno emprendió una «una cacería de brujas» contra todas las personas que firmaron para sacarlo del poder.
La llamada «lista Tascón» promovida por el diputado oficialista Luis Tascón, difundió los nombres de miles de personas que activaron la consulta popular y fue tomada como referencia para despidos y represalias en contra de empleados públicos y empresarios. La Constitución establece que los venezolanos tienen plenos derechos a expresarse políticamente como deseen, es por esta razón que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CDIH), calificó de ilegal la medida y sancionó al Estado venezolano por este hecho.
Testimonio
Luego de la recolección de firmas a favor del referendo, algunos empleados públicos denunciaron que fueron despedidos por apoyar la consulta. Una de ellas es Yelitza Badell, una abogada de 50 años despedida en julio del estatal Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera.
Badell dijo a la agencia AP que «más de 200» trabajadores de esa entidad han sido despedidos en los últimos meses por firmar a favor del referendo.
«La gente que está adentro (de los organismos públicos) está viviendo el verdadero terrorismo», sostuvo la exfuncionaria al asegurar que se han intensificado las amenazas internas contra los empleados públicos. «Eso es un infierno. La amenaza es ‘el que se atreva lo despiden»’, agregó.
Al ser consultado sobre el tema el defensor del pueblo Tarek William Saab dijo a la prensa que «el derecho al trabajo debe siempre evaluarse en función de la eficiencia de sus empleados… en función de su compromiso con la institución, con el país, con la paz, con la estabilidad».
La Asamblea Nacional revisa más de 1.000 denuncias de empleados del ente recaudador de impuestos, la corporación estatal de servicio eléctrico, dos bancos del Estado y la policía nacional que fueron despedidos de sus cargos por firmar a favor del referendo, de acuerdo con la presidenta del cuerpo legislativo Delsa Solórzano.
La oposición busca que el referendo se realice este año porque de ser derrotado Maduro debería llamar a elecciones. Pero si se retrasa a 2017 y el mandatario pierde los últimos dos años de su período serán completados por el vicepresidente.
El secretario ejecutivo de la alianza opositora, Jesús Torrealba, dijo que de concretarse los despidos de empleados públicos se estaría «violando el derecho constitucional de expresarse políticamente».
«¿Cómo van a atreverse a tratar de traficar con el hambre y la necesidad del venezolano, a amenazar al venezolano con botarlo de su trabajo para que pierda el sustento de su familia? Eso es chantaje y extorsión», sostuvo Torrealba.
«Se murió la democracia»
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, proclamó hoy el «final de la democracia» en Venezuela, a cuyo Gobierno calificó de «régimen» y a la situación que impera en el país de «tiranía».
En una carta dirigida al opositor Leopoldo López, cuya condena de 14 años de cárcel fue ratificada recientemente, Almagro declaró que en Venezuela «hoy no rige ninguna libertad fundamental ni ningún derecho civil o político», citaba EFE.
